Según ha publicado un medio digital de Ceuta, Rafael García Rodríguez, jefe de Gabinete de la delegada del Gobierno, vive en las dependencias oficiales de la Plaza de los Reyes, una situación que ha levantado polémica por su aparente falta de justificación legal. Su permanencia en esta residencia oficial, destinada exclusivamente al delegado/a y secretario/a del Gobierno, ha suscitado críticas que lo sitúan en la categoría de “okupa institucional”.
De delegado a jefe de Gabinete: una transición cuestionable
Rafael García Rodríguez asumió en noviembre de 2022 el cargo de delegado del Gobierno en Ceuta, un puesto que ocupó durante 13 meses antes de ser sustituido por Cristina Pérez. Sin embargo, tras el cambio en la Delegación, Pérez decidió mantenerlo en el equipo, asignándole el puesto de jefe de Gabinete. Este nombramiento le permitió no solo conservar un despacho en el edificio, sino también seguir residiendo en la vivienda oficial del Gobierno, una prerrogativa que no corresponde a su nuevo cargo.
A sus 56 años, García Rodríguez sigue residiendo en la llamada “milla de oro” de Ceuta, con un coste reducido y servicios de limpieza incluidos, beneficios reservados únicamente a los titulares de ciertos cargos específicos. Esta situación contradice las normativas internas de uso de las instalaciones oficiales y choca con las políticas públicas defendidas por el Ejecutivo socialista en materia de vivienda.
Una trayectoria política marcada por ascensos y polémicas
La carrera de Rafael García Rodríguez en Ceuta ha sido rápida y controvertida. Desde su llegada en 2019 como asesor del PSOE tras las elecciones autonómicas, pasó a ocupar puestos de creciente relevancia en el ámbito político. Tras el Congreso Regional del PSOE de Ceuta, asumió el cargo de secretario de Relaciones Institucionales y Función Pública, destacándose como mano derecha de Juan Gutiérrez, entonces líder del partido en la ciudad.
Además, desempeñó labores estratégicas como “fontanero político” de la formación y llegó a representar al PSOE en el Consejo de Administración de Acemsa, cargo que abandonó tras salir a la luz información laboral que no figuraba en sus perfiles públicos.
Una delegada bajo presión: explicaciones pendientes
La actual delegada del Gobierno en Ceuta, Cristina Pérez, se encuentra ahora en el centro del debate. Su decisión de mantener a García Rodríguez en el equipo y permitir que disfrute de un privilegio no contemplado para su cargo requiere explicaciones claras. Este caso pone en duda el rigor de los criterios administrativos y la coherencia con las promesas de transparencia y equidad de su gestión.
El contraste con las políticas de vivienda del PSOE
El presidente Pedro Sánchez ha reiterado en múltiples ocasiones que la vivienda es el “quinto pilar del Estado del bienestar” y ha defendido la necesidad de garantizar el acceso justo a este derecho fundamental. Sin embargo, la situación de García Rodríguez contradice estas declaraciones, ya que refleja un uso privilegiado de recursos públicos para beneficio personal, mientras miles de ciudadanos enfrentan dificultades para acceder a una vivienda digna.
¿Okupa o beneficiario de privilegios institucionales?
La controversia no solo afecta la imagen de García Rodríguez, sino también la del PSOE, que se enfrenta a críticas recurrentes por escándalos relacionados con sus cargos públicos. Este caso es percibido por muchos como un ejemplo más de los excesos de una clase política desconectada de las necesidades ciudadanas.
La permanencia de García Rodríguez en la vivienda oficial, según lo publicado, requiere una revisión urgente por parte de las autoridades y un compromiso para evitar que casos similares sigan ocurriendo. Mientras tanto, su residencia en las instalaciones de la Delegación del Gobierno sigue alimentando el debate sobre la ética y transparencia en el uso de los recursos públicos.
Un llamado a la transparencia
Este episodio es una prueba más de los desafíos que enfrenta el Ejecutivo en su objetivo de reforzar la confianza ciudadana. El caso de Rafael García Rodríguez destaca como un ejemplo de los privilegios que aún persisten en ciertas esferas del poder, y es un recordatorio de la necesidad de revisar las normas internas para garantizar una gestión pública alineada con los principios de justicia y transparencia que el propio Gobierno dice defender.
