La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a Rodrigo Rato, exvicepresidente del Gobierno y exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), a cuatro años, nueve meses y un día de prisión. La sentencia lo declara culpable de tres delitos contra la Hacienda Pública, un delito de blanqueo de capitales y uno de corrupción entre particulares. Además, deberá pagar multas que superan los dos millones de euros y reintegrar 568.413 euros a la Hacienda Pública.
La sentencia, emitida tras siete meses de juicio, considera acreditado que Rato ocultó una parte sustancial de su patrimonio al fisco español entre 1999 y 2015, operando a través de una red de sociedades internacionales. No obstante, el tribunal ha reducido la pena en el delito de corrupción por dilaciones indebidas en el proceso, que se inició en 2015.
Una condena inferior a la petición fiscal
La pena impuesta está lejos de los 63 años de cárcel solicitados por la Fiscalía Anticorrupción, que acusó a Rato de 11 delitos fiscales y aseguró que defraudó 7,5 millones de euros. Según la fiscal Elena Lorente, el expolítico gestionó un “enorme patrimonio en el extranjero” mientras eludía impuestos en España. Sin embargo, el tribunal no ha dado por acreditadas todas las acusaciones fiscales, limitándose a tres ejercicios: 2006, 2013 y 2014.
Círculo de confianza absuelto, pero colaboradores condenados
De los 15 acusados que compartieron banquillo con Rato, solo tres han sido condenados. Entre los absueltos se encuentran personas cercanas como su secretaria de confianza, Teresa Arellano; su excuñado, Santiago Alarcó; y José Manuel Fernández Norniella, hombre clave en su etapa en Bankia.
Sin embargo, el tribunal ha impuesto 18 meses de prisión a Domingo Plazas, abogado vinculado a Kradonara, la sociedad utilizada por Rato para repatriar fondos desde el extranjero. Plazas deberá pagar multas superiores a 155.000 euros y abonar de forma solidaria con Rato el dinero defraudado a Hacienda.
Por otro lado, Alberto Portuondo, considerado testaferro de Rato, ha sido condenado a tres meses y un día de prisión por corrupción entre particulares. La sentencia detalla que ambos impusieron la contratación de las agencias Publicis y Zenith por parte de Bankia para obtener comisiones, percibiendo un total de más de dos millones de euros.
El origen del caso: el registro de 2015
El caso Rato se remonta a abril de 2015, cuando agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera registraron su domicilio y oficinas tras una alerta de la Oficina Antifraude (ONIF). La investigación reveló que el exministro había recurrido a la amnistía fiscal de 2012, pero sin incluir todas las cantidades defraudadas.
Aunque la sentencia aún no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, representa un golpe más en la trayectoria de quien fuera símbolo del “milagro económico” del Partido Popular. Rodrigo Rato, también expresidente de Caja Madrid y Bankia, acumula ya antecedentes penales por su implicación en el caso de las tarjetas black.