El Tribunal Superior de Rumanía ha dado su respaldo a los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, realizadas el pasado 24 de noviembre, después de ordenar un segundo recuento. Esta decisión permite que el candidato prorruso, Calin Georgescu, compita contra la candidata liberal-conservadora y oficialista, Elena Lasconi.
El anuncio llega tras los recientes comicios parlamentarios, donde los partidos centristas e izquierdistas lograron frenar el avance de la ultraderecha. Este contexto político ha sido objeto de atención internacional, especialmente por las sospechas de interferencia externa, principalmente de Rusia, en el proceso electoral.
El presidente ruso, Vladímir Putin, ha criticado el recuento de votos, sugiriendo que las autoridades rumanas decidieron repetir el escrutinio porque no les gustó el resultado inicial. Antes de las elecciones, las encuestas otorgaban a Georgescu poco más del 6% de los votos, pero en la primera vuelta logró casi el 23%, superando a candidatos oficiales como el primer ministro, Marcel Ciolacu.
Por su parte, Ciolacu, líder del partido socialdemócrata, ha declarado que su partido no apoyará a ningún candidato presidencial, afirmando que ‘los rumanos deben decidir por sí mismos’. Esta postura refleja la complejidad política del país, donde las alianzas y decisiones estratégicas son cruciales para el futuro gobierno.
La validación de los resultados por parte del tribunal disipa la incertidumbre que pesaba sobre la nación desde que se exigió el recuento de votos. La decisión se tomó tras el recurso de anulación presentado por el candidato Cristian Vasile Terhes, quien denunció irregularidades en el proceso electoral. Según la ley electoral rumana, el tribunal solo puede anular los resultados si encuentra pruebas claras de fraude.
El desenlace de estas elecciones determinará quién formará el próximo gobierno, ya que el presidente electo designará a un primer ministro de entre la mayoría parlamentaria. Este proceso es crucial para el futuro político de Rumanía, un país miembro de la Unión Europea y de la OTAN, que busca estabilidad en medio de tensiones internas y externas.
En este contexto, el presidente del Comité de Europa de la Internacional Socialista, Pedro Sánchez, ha definido a los socialistas como la ‘última línea de defensa’ ante lo que llama una ‘ola reaccionaria’. Sánchez subraya la responsabilidad de enfrentar el populismo y proteger los valores europeos.