Sánchez Prado, símbolo de democracia y libertad

Se han cumplido 83 años desde que el médico y alcalde de Ceuta Sánchez Prado fuera fusilado en la playa del Tarajal, junto a su secretario particular Adolfo de la Torre y dos vecinos del Sarchal Ángel Guijo y Fidel Vélez. Su figura representa el homenaje de esos otros 267 ceutíes que fueron pasados por las armas, tras el golpe militar del 17 de julio de 1936.

Fue un modelo para muchos. Médico antes que político, su detención y posterior ejecución causó conmoción en una sociedad ceutí que admiraba a este benefactor facultativo y para quien esta figura representa, como Alcalde, la esencia y lucha por la democracia.

Aquel Alcalde, es, el símbolo que siempre estuvo en la memoria colectiva del pueblo y que se eternizó con el regreso a la democracia. Su figura representa la lucha contra las dictaduras por la que dio su vida. En su consejo de guerra lo dejó bien claro: “Me pude marchar a Tánger, pero mi lugar estaba junto a los ceutíes, que tanto confiaban en mi”. Todos los años se organizan por parte de algunos partidos, sindicatos y asociaciones algún acto con la colocación de unos claveles rojos en la estatua de la avenida que lleva su nombre.

A buen seguro, en la soledad de aquel calabozo, de hace casi ocho décadas, todavía el alcalde confiaba y mantenía la esperanza de un posible indulto. Pero no fue así, se recibió desde la Jefatura de las fuerzas militares del norte de África, con sede en Tetuán, el “enterado” y aprobación del fallo del Consejo de Guerra. En su interior sabía que las tropas sublevadas tenían como primer punto crear pánico y miedo entre la población civil con ejecuciones sumarísimas y él en estos dos meses de detención había sido testigo de muchas.

Cuando las manecillas del reloj apenas marcaban los primeros minutos de la madrugada del 5 de septiembre de 1936, el juez militar teniente coronel Ramón Buesa en compañía de su secretario se desplazan desde el acuartelamiento de Sanidad (actual manzana del Revellín), donde se celebró el consejo de guerra, hacia el Cuartel del Rey, donde el alcalde se encontraba detenido junto a su secretario De la Torre y los vecinos de la barriada del Sarchal, Ángel Guijo y Fidel Vélez. La ejecución se llevó a cabo a las nueve de la mañana, en la playa del Tarajal. El médico forense certificó las muertes y en un furgón de Sanidad militar fueron transportados al depósito de cadáveres del cementerio de Santa Catalina, donde se le entregó por orden del juez militar los cadáveres a los familiares para verificar su entierro, pero dejando bien escrito: “Que no podrá hacerse con pompa”.

Sentencia

“En la Ciudad de Ceuta a cinco de Septiembre de mil novecientos treinta y seis, reunido el Consejo de Guerra de Oficiales generales para ver y fallar la causa instruida por presuntos delitos de rebelión y sedición. Que debe condenar y condena a los procesados Don Antonio López Sánchez Prado, Adolfo de la Torre Guillen, Ángel Guijo Higüero y Fidel Vélez Roldan a la pena de muerte por el delito de rebelión militar”. A las 6,30 de la madrugada llegó el piquete encargado de la ejecución y hacen guardia en la puerta. Tras una agónica madrugada, a las 8,30 los sacaron, en la puerta del cuartel les esperaban dos camionetas de automovilismo y un coche. Algunos civiles, desde las aceras y desde las puertas de las casas colindante con el cuartel, patio Hachuel”, ven salir a Sánchez Prado junto a sus compañeros, esposados y custodiados por varios soldados, en sus rostros se ve la tragedia que les espera. Nadie se atreve a levantar la voz, el miedo los atenaza. Tras recorrer las camionetas los escasos tres kilómetros, llegan a la zona conocida en el Tarajal como “el tripero”, allí un piquete de 20 hombres al mando de un oficial se llevaron a cabo la ejecución.

Sánchez Prado y sus 267 compañeros

Institucionalizar el homenaje al alcalde de Ceuta Sánchez Prado, por parte de la Corporación municipal, todos los 5 de septiembre, sería rendir un respeto a la actual democracia por la que 268 ceutíes dieron su vida. Recordemos en cifra como fue aquella represión, para alcanzar esa tétrica cifra de ceutíes que acabaron frente a un pelotón. También hubo una represión administrativa y, por otra parte, ¿cuántos encausados no llegaron al pelotón de fusilamientos? Muchos de ellos murieron mientras eran transportados, sobre todo en la “curva de las viudas” camino de la prisión de García Aldave. ¿Cuántos murieron en las enfermerías como consecuencia de malos tratos o enfermedades sin cuidados?

La consulta de distintos documentos permite acercarse a la cruda realidad judicial de aquellos años. Los procedimientos sumarísimos de urgencia, que la legislación fijaba como fórmula ocasional, se convirtieron, sin embargo, en la única fórmula empleada por los tribunales para juzgar los supuestos delitos de los que no eran adictos al nuevo régimen. Amparados en la más absoluta impunidad y parapetados tras la vía jurídica no dudaron en acusar y condenar de adhesión a la rebelión a los que precisamente habían defendido la legalidad constitucional.

Y, desglosando las cifras, se puede apreciar que el mes de agosto de 1936 se convierte en el más trágico de toda la represión en Ceuta, con 73 víctimas, de las cuales tan sólo siete se efectúan tras los respectivos consejos de guerra; el resto, sesenta y seis, fueron debidas a las sacas de madrugada, tras sacarlos de la prisión de García Aldave y el Hacho.

Por militancia política, el número mayor de fusilados fue para los anarcosindicalistas y por profesiones el estamento militar fue él más castigado, sobretodo en 1938. Tras el inicio de la represión, con el paso de los meses, el número de fusilamientos fue disminuyendo paulatinamente. En los cinco primeros meses se registraron un total de ciento veintiocho ejecuciones, casi el 50% de las llevadas a cabo durante toda la represión. En 1937 se registraron noventa y seis, para continuar bajando hasta cuarenta y uno en 1938, y hasta seis años después no se consignaron los últimos tres fusilamientos en Ceuta. Estos datos confirmarían la conclusión en el sentido de que la represión sustancial se produjo en los primeros meses.

Respecto al sexo dos mujeres fueron ejecutadas. La actuación de las mujeres quedó generalmente oculta y el papel que desempeñaron y su protagonismo son destacados en poquísimas ocasiones. Sin embargo, la mujer, durante la República, había comenzado a integrarse en el ámbito de la política.

Tras las primeras ejecuciones, el 21 de julio de 1936, hasta 1938, en todas se consigna herida por arma de fuego, aunque después, en el registro civil, aparecen muchos tachados. Hay un paréntesis de seis años, desde 1938 a 1944, que no se producen más ejecuciones. Tal vez las hubo, pero se pudieron encubrir en los libros como hemorragia interna. Esto ocurrió con el fusilamiento de los tres miembros del Partido Comunista en agosto de 1944.

En 1939, su mujer encarcelada

Dolores Escacena, mujer del alcalde, no podía, pese al cariño, continuar por más tiempo en Ceuta y cruzarse en la calle con personajes que se sumaron al golpe y contribuyeron al asesinato de su marido. Es una mujer joven, con tan solo cuarenta años. Le ofrecieron regentar una pensión en Sevilla y con ello poder conseguir sacar a la familia adelante, tenia cuatro hijos.

La situación económica en la que quedó era muy angustiosa, en el consejo de guerra se detalló que apenas tenían 19,50 pesetas en el banco y ninguna propiedad. Pero no conforme con esto, la Falange local le requisó su vehículo, un Chevrolet de 1935.

Su amigo el farmacéutico Joaquín Alonso ayudó en todo lo que pudo a la viuda, vendiendo el instrumental médico de su consulta de la calle Real, frente a la Iglesia de Los Remedios.

Días antes de ser fusilado dejó dicho que algunas piezas se las regalasen al prestigioso otorrinolaringólogo malagueño Lazarraga. Este, durante los últimos años, pasaba consulta cada mes en la de Sánchez Prado. En abril de 1937 ya estaba la familia del Alcalde en la capital hispalense regentando una modesta casa de huéspedes. Parece que las cosas podrían enderezarse, a pesar del drama vivido.

Dolores Escacena, desde su llegada a Sevilla, comenzó a contactar con otros militantes de izquierda que habían creado una pequeña resistencia al franquismo. La policía la vigilaba porque sospechaba de sus reuniones y le seguía muy de cerca, pero lo que más deseaban era detener a todos los miembros de la izquierda sevillana.

Vuelven a vivir aquella trágica madrugada del 18 de julio en Ceuta cuando detuvieron a su marido. Madre e hija estarán en prisión hasta 1940. A los pocos años, el 20 de abril de 1946, su hija Carmen falleció debido a las penurias pasadas en la cárcel.

Dolores Escacena Carreño fue una mujer fuerte, con personalidad y llena de recuerdos. Se trasladó a Madrid donde vivió junto a su familia sus últimos años, falleciendo el 16 de febrero de 1993. La inhumación se produjo al día siguiente en el cementerio de La Almudena.

En las guerras civiles, la violencia fuera de los frentes se ha basado con mucha frecuencia en motivos sórdidos, venganzas personales, envidias y rencores. Uno de los ejes fundamentales del aparato represivo del régimen franquista fue el encarcelamiento masivo de todo aquel que formaba parte de la anti-España, convirtiéndose la cuerda de presos en la imagen habitual de la posguerra.

En diciembre de 1939 había más de 270 mil reclusos en España. Repartidos por decenas de centros de reclusión, la mayoría de ellos improvisados y sin las mínimas condiciones de habitabilidad e higiene.

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La mujer del alcalde, Dolores, recibió el 6 de noviembre de 1939, una notificación del Tribunal de Responsabilidades Políticas imponiéndole una multa por las actividades de su marido. Donde se indicaba que el médico y alcalde Sánchez Prado estaba en ‘paradero desconocido’. Seis meses después recibe otra notificación imponiéndole una multa y dándole un plazo para un posible recurso.

No pudo presentarlo, no solo por la desolación tras el asesinato de su marido, sino porque ella y su hija Carmen se encontraban en la cárcel de Sevilla. En 1940 la sentencia se hizo firme:

“Resultando que dictada la sentencia le fue notificada al condenado, quien dejó transcurrir el tiempo que la Ley señala, sin que haya utilizado recurso contra la misma, se declara firme la sentencia dictada en este expediente de Responsabilidad Política contra Antonio López Sánchez Prado, al que se le notificará en forma, haciéndolo en su domicilio. Se le requiere para que en el plazo de veinte días haga efectiva la sanción económica”.