El 16 de agosto del año pasado el colectivo de trabajadores transfronterizos celebraba su primera concentración en la Plaza de los Reyes donde cada lunes piden volver a su país, a sus hogares y con sus familias, sin perder sus trabajos. Tras la reunión con el secretario de Estado de Migraciones la semana pasada se muestran esperanzados pero no cesarán en sus protestas hasta encontrar una solución real
La lucha de los y las trabajadoras transfronterizas continúa. Son seis meses, desde el 16 de agosto del 2021, concentrándose cada lunes frente a la Delegación del Gobierno, en la Plaza de los Reyes, pidiendo poder regresar a su país sin perder sus trabajos. Es decir, quieren cruzar la frontera, cerrada desde el mes de marzo de 2020, y poder regresar a Ceuta.
En estos meses han conseguido ser escuchados y mantener reuniones con responsables políticos tanto a nivel local como nacional, pero todavía no han encontrado soluciones reales. Por eso, anuncian que mantendrán sus protestas hasta que puedan volver con sus familias.
La portavoz del colectivo, Rachida Jraifi, ha asegurado que tras la reunión mantenida la semana pasada con el El secretario de Estado de Migraciones, Javier Jesús Perea, están «esperanzados» y esperan una pronta respuesta. Perea explicó que desde el Gobierno están intentado articular algún tipo de mecanismo dentro de la vigencia del actual Reglamento de Extranjería, asegurando que van «a intentar solucionar caso por caso todas las situaciones».
Entre sus principales demandas, que entregaron en una carta y trasladaron en la reunión con la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, está la de obtener un permiso de residencia por arraigo a los llevan más de 10 años trabajando en la ciudad o modificar la ley para que puedan recibir prestaciones por estar cotizando en la seguridad social española. También, piden garantizar su derecho al tránsito diario por la frontera (ida y vuelta) cuando se produzca la reapertura, expidiendo a tal efecto un documento acreditativo de su condición.
Además, la mayoría tiene su documentación caducada y se encuentra frente a la problemática de que cuando se abra el paso fronterizo y puedan salir no les dejen entrar de nuevo. Piden que España llegue a un acuerdo con el país vecino y se reconozcan sus derechos, destacando que esto es «una cuestión humanitaria«.