La coalición que sostiene al Gobierno atraviesa uno de sus momentos más delicados. Mientras el Ejecutivo intenta resistir el embate de los escándalos de corrupción que lo rodean, sus socios parlamentarios comienzan a tomar distancia, temerosos de quedar arrastrados por un desgaste que amenaza con traducirse en un castigo electoral.
Podemos, antiguo aliado clave del PSOE, intensifica su estrategia de diferenciación. La formación morada ha decidido marcar perfil propio y dirigirse directamente al electorado progresista desencantado, buscando capitalizar el descontento que crece en sectores de la izquierda. Su objetivo: presentarse como una alternativa coherente y sin ataduras frente a un PSOE cada vez más cuestionado.
Desde Moncloa, sin embargo, se insiste en un mensaje claro: nadie quiere elecciones. El Gobierno confía en que el temor a una hipotética victoria de la derecha funcione como pegamento para mantener a flote la actual legislatura, pese a las turbulencias internas. Aun así, el ambiente en el Congreso es cada vez más tenso, con críticas veladas —y no tanto— que apuntan directamente a Pedro Sánchez y su núcleo de confianza.
El equilibrio político pende de un hilo, y los próximos movimientos de los socios de investidura serán claves para determinar si el Ejecutivo logra estabilizarse o si, por el contrario, la presión terminará por empujar al país hacia las urnas.
