La crisis de los incendios forestales, la más grave registrada desde la década de los noventa, ha abierto un nuevo frente político entre el Gobierno central y el Partido Popular.
Desde Moncloa se acusa a los presidentes autonómicos populares de “inhibirse de sus propias responsabilidades” en la coordinación y gestión de la emergencia. Según fuentes del Ejecutivo, las comunidades gobernadas por el PP han reclamado al Estado “medios sin precedentes” para hacer frente a las llamas, en lo que consideran un intento de desviar la atención sobre su propia gestión.
Por su parte, dirigentes del PP justifican la petición de refuerzos extraordinarios en la magnitud de los incendios, que han arrasado ya miles de hectáreas en distintos puntos del país y han puesto en jaque a los servicios de extinción autonómicos. Argumentan que la magnitud de la catástrofe “supera las capacidades regionales” y requiere un despliegue nacional inmediato.
El cruce de reproches llega en un momento especialmente delicado, con centenares de efectivos trabajando sobre el terreno y numerosas poblaciones afectadas. Mientras la tensión política escala, la prioridad en las zonas afectadas sigue siendo contener el avance de las llamas y proteger a la población civil.
