Barcelona – La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) ha emitido un informe en el que denuncia la existencia de prácticas ilegales en centros penitenciarios de Cataluña, alertando sobre un patrón de malos tratos que incluye medidas de contención abusivas, castigos físicos y represalias contra los internos que se atreven a denunciar.
El informe, presentado con motivo del Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura (26 de junio), se enmarca en el Índice Global de la Tortura, una herramienta que evalúa la situación de los derechos humanos en contextos de detención en todo el mundo. En el caso de Cataluña, la OMCT advierte de una serie de prácticas que, lejos de contribuir a la rehabilitación, “tienen una naturaleza claramente punitiva”.
Medidas de contención ilegales y castigos corporales
Según la organización, es frecuente que el personal penitenciario aplique medidas de contención como inmovilizar a los presos atándolos a la cama, además de emplear castigos corporales. Estas acciones, señala el informe, contravienen la legalidad vigente y los estándares internacionales de derechos humanos.
Deficiencias en el acceso a la defensa
La OMCT también denuncia deficiencias estructurales en el acceso a la defensa legal de los internos. “Los detenidos rara vez disponen de acceso regular a un abogado, ni se garantiza su derecho a comparecer ante un juez o a recibir asistencia de intérpretes y traductores”, advierte el documento. Además, subraya que los mecanismos para presentar quejas por malos tratos o solicitar protección son ineficaces o, directamente, inexistentes en la práctica.
Obstáculos médicos y falta de aplicación del Protocolo de Estambul
Otro de los puntos críticos señalados por la organización es la falta de atención médica independiente e inmediata a las personas que denuncian torturas. Esta carencia dificulta la recopilación de pruebas y obstaculiza la investigación de los abusos.
En ese sentido, la OMCT denuncia una aplicación deficiente del Protocolo de Estambul, el marco internacional impulsado por Naciones Unidas para la documentación de la tortura. Según el informe, su implementación en Cataluña es “incoherente” y carece de las garantías necesarias para una documentación exhaustiva y fiable.
Represalias y hostigamiento a denunciantes
El informe recoge múltiples testimonios de internos que aseguran haber sufrido represalias tras presentar denuncias por malos tratos. Estas represalias incluyen un aumento de los registros personales, sanciones disciplinarias injustificadas, traslados a centros penitenciarios de mayor seguridad, reclusión en régimen de aislamiento o actos de intimidación por parte del personal penitenciario.
La OMCT también denuncia un mayor riesgo de tortura y malos tratos durante las detenciones de personas migrantes en situación irregular o de activistas identificados con movimientos ideológicos como el anarquismo, el independentismo o el ecologismo.
España, bajo vigilancia internacional
En el ámbito de control fronterizo, la organización sitúa a España junto a países como Libia, Túnez, Bielorrusia y Hungría por su uso “excesivo” de la fuerza. Como ejemplo, menciona la tragedia de Melilla en 2022, en la que murieron al menos 37 personas en una actuación policial, un caso que —según el informe— aún no ha sido objeto de una investigación formal.
Asimismo, la OMCT muestra su preocupación por la situación en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y señala que varios defensores de derechos humanos en España han tenido que exiliarse en los últimos tres años, equiparando esta situación a la vivida en países como Etiopía, Filipinas o México.
Un problema no sistemático, pero persistente
Pese a la gravedad de las denuncias, la OMCT clasifica a España como un país con riesgo “moderado”, al considerar que las torturas y malos tratos no son sistemáticos, aunque se producen “de forma más que esporádica”. El informe concluye señalando la existencia de abusos policiales frecuentes durante manifestaciones y detenciones, incluyendo agresiones físicas, posturas forzadas, amenazas e incluso humillaciones de carácter sexual.
La organización internacional insta a las autoridades españolas, y en particular a las catalanas, a reforzar los mecanismos de prevención, protección y supervisión en el entorno penitenciario, y a garantizar la rendición de cuentas por parte de los responsables de estas prácticas.
