Por Fundación Por Causa, Cristina Fuentes Lara y Ana María Rosado
Más de 500 trabajadoras de hogar migrantes de origen marroquí estuvieron atrapadas en Ceuta y Melilla durante dos años por el cierre de fronteras provocado por la pandemia. Sus derechos más fundamentales siguen sin ser reconocidos por el Estado español o Marruecos
Durante los más de dos años en que las fronteras de Marruecos estuvieron cerradas con España, más de 500 trabajadoras de hogar estuvieron atrapadas en Ceuta. “Me sentía como una cárcel. Iba todos los días a la frontera de Benzú [Marruecos] a ver mi pueblo y no podía cruzar”, cuenta Fátima (es un nombre ficticio para proteger su identidad, al igual que todos los nombres que aparecen en el reportaje). Ella sigue sin regresar a su municipio porque tiene miedo de no poder volver a trabajar al no tener en vigor el pasaporte, que le caducó mientras estaba “atrapada” en Ceuta. Lleva 32 meses sin ver a su madre ni hermanos. Fátima es una de las de alrededor de las 500 mujeres transfronterizas que se quedaron “atrapadas” en Ceuta o Melilla, desde marzo de 2020 hasta junio de 2022.
En junio de este año el Gobierno del Estado español ratificaba el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que venía a reconocer los derechos de las trabajadoras de hogar. Unos derechos que han reivindicado durante décadas mujeres organizadas en colectivas históricas como Calala Fondo de Mujeres y, en Madrid, Territorio Doméstico, SEDOAC (Servicio Doméstico Activo) o el recién creado sindicato de trabajadoras de SINTRAHOCU. Estas reivindicaciones -como el derecho al subsidio de empleo-, además de históricas, son esenciales para el sostenimiento de nuestras sociedades, como la Covid-19 ha demostrado. A pesar de este largo y complejo proceso hasta la ratificación del convenio 189, de nuevo se deja fuera a “otras” muchas mujeres que desempeñan la misma e importante labor: a las mujeres marroquíes en régimen transfronterizo de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Las trabajadoras de hogar han denunciado las múltiples discriminaciones que las atraviesan a diario, provocadas no solo por el patriarcado y la clase social, sino también por el racismo estructural. Por todo esto forman parte de la campaña Esenciales, impulsada por el movimiento #RegularizaciónYa, y que pide la regularización extraordinaria de más de 500.000 personas. El racismo estructural se sirve de la situación administrativa irregular en la que se encuentran muchas de estas personas para seguir manteniendo todo tipo de abusos y unas condiciones de protección mínimas. Este racismo tiene “su” interseccionalidad dentro de las discriminaciones a las trabajadoras de hogar; porque no afecta de la misma forma a las que residen en el territorio nacional, sino que ha discriminado, más si cabe, a las trabajadoras en régimen transfronterizo, de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, incluso tras la ratificación del convenio 189. El régimen transfronterizo está calificado por el Gobierno de España como la situación de una persona trabajadora que, teniendo su domicilio en la zona fronteriza de uno de los estados -en este caso Marruecos-, adonde regresan cada día, están autorizadas a trabajar como asalariados en la zona fronteriza del otro Estado -en este artículo España-.
La actual reforma del reglamento de la ley orgánica de extranjería incluye la posibilidad de regularizar la situación por arraigo laboral reduciendo el tiempo a dos años continuados de permanencia si has trabajado un mínimo de seis meses en ese periodo. Para esto tienes que poder probar o demostrar que has trabajado en un marco legal. “¿Cómo puedes demostrar que has estado ofreciendo un trabajo o servicio cuando es parte de la ‘familia’ o te llaman ‘mi muchacha’?”, explica Salima, trabajadora de hogar en Ceuta de origen marroquí. En Ceuta, hasta la pandemia, era habitual que muchos domicilios tuvieran una trabajadora de hogar migrante. A estas trabajadoras se las conoce como “mi muchacha”, y es habitual en la ciudad escuchar la expresión “si quieres te dejo a mi muchacha los lunes”, como si se hablara de una propiedad sobre la que se ejerce posesión.
Las transfronterizas son mujeres marroquíes que cruzan diariamente las fronteras terrestres hispano-marroquíes para trabajar en territorio español y retornan por la tarde a sus hogares en Marruecos. Estas mujeres residen en dos áreas geográficas, por un lado, de la wilaya (región) de Tetuán que se desplazan a Ceuta, donde trabajan. Por otro lado, las transfronterizas en la parte de la wilaya de Nador, para trabajar en Melilla. Las investigaciones realizadas por la Asociación por los Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) desde 2012 sobre las mujeres transfronterizas nos acercan al perfil sociodemográfico y cómo varía según la actividad profesional que desempeñen: trabajadoras de hogar, porteadoras o trabajadoras sexuales. Las porteadoras son mujeres que cargan con fardos de mercancía del lado español al marroquí a cambio de una comisión económica por el cruce y suelen tener más de 40 años y responsabilidades familiares, además de un marido ausente o sin actividad laboral. Las trabajadoras de hogar, sin embargo, tienen un perfil más amplio donde las internas suelen estar solteras y las no internas son casadas con responsabilidades familiares. Por el contrario, las trabajadoras sexuales son jóvenes y solteras.
Hasta 2017 entraban diariamente a Ceuta entre 20.000 y 25.000 personas y 10.000 vehículos, según la Delegación del Gobierno en Ceuta. De ellas, entre 7.000 y 9.000 eran mujeres que se dedicaban al traslado de mercancías. Tras la apertura del paso del Tarajal II (2017) se redujo la entrada de 4.000 porteadoras diarias a 2.000, dos días a la semana -lunes y miércoles-, al considerar el Reino de Marruecos que, así, se reducirían las avalanchas y los problemas de orden fronterizo, algo que no sucedió. La situación deriva del régimen transfronterizo que permite cruzar la frontera de Marruecos con Ceuta y Melilla sin visado, únicamente teniendo el pasaporte en vigor y residiendo en los municipios colindantes a la frontera. Esto permite entrar y salir a Ceuta y Melilla con la mera prohibición de pernoctar en las ciudades autónomas, es decir, el motivo del desplazamiento tiene que ser laboral. En el ámbito legislativo, este régimen transfronterizo se recoge en la ratificación del Acuerdo Schengen, firmado en 1991 y que entró en vigor en 1995; y que permite la movilidad entre las fronteras internas de la Unión Europea a la vez que regula la movilidad entre la ciudadanía de Tetuán y Nador con Ceuta y Melilla -respectivamente-. Pese a ello, en la actualidad y tras la última cumbre entre Mohamed VI y Pedro Sánchez, este acuerdo se incumple: para entrar a Ceuta y Melilla se necesita tener un contrato laboral en vigor que da acceso a la tarjeta F. O lo que es lo mismo, no haber abandonado nunca las ciudades autónomas durante el tiempo de la pandemia, y de esta forma seguir residiendo de manera irregular en Ceuta o Melilla.
Las trabajadoras de hogar han seguido trabajando tras la pandemia, a diferencia de las trabajadoras sexuales –que ahora no pueden acceder a las ciudades autónomas- o las porteadoras -el porteo permanece prohibido desde el cierre del paso fronterizo en octubre de 2019-. Muchas de estas mujeres tuvieron que volver a sus municipios ante la falta de trabajo, cargadas con el peso del estigma que siempre las ha acompañado al trabajar en una actividad considerada como ilegal en Marruecos y equiparada con el trabajo sexual -por el único motivo de tener que relacionarse con hombres y, ocasionalmente, pernoctar fuera de casa- y con el recuerdo en la memoria de la muerte de al menos 12 mujeres en los últimos 13 años, muchas de ellas aplastadas por avalanchas en el desarrollo de su actividad laboral.
Las mujeres transfronterizas quedaron atrapadas en las ciudades autónomas. Por un lado, sin poder trabajar de forma “legal” ya que no podían renovar la documentación para mantener su tarjeta F o pasaporte; y, por otro, sin la garantía de poder regresar a sus trabajos si iban a sus ciudades a renovarla, ya que no podían hacerlo en las ciudades autónomas o con un salvoconducto para el consulado de Marruecos en Algeciras. “Para mí quedarme en Ceuta fue una decisión fácil. Me dije a mí misma, son solo 15 días, me quedo en casa de mi prima. No puedo arriesgarme a perder el trabajo”, explica Aisha, trabajadora de hogar con dos hijos y una hija en Marruecos a los que no pudo ver durante 26 meses. Sin embargo, no fueron 15 días. Fueron cientos de trabajadoras las que, cada dos semanas, cuando se publicaba una ampliación del cierre fronterizo en el BOE, veían como las esperanzas de “volver a la normalidad” se truncaban porque los gobiernos de ambos países las ignoraban.
Comenzaron en ese momento las protestas, con concentraciones que se realizaron cada lunes a las nueve de la mañana durante más de seis meses frente a la Delegación del Gobierno de Ceuta, pero no funcionaron. Esta situación de bloqueo socavó su economía y afectó profundamente su salud mental, atravesadas por la incertidumbre de no saber cuándo iban a poder volver a abrazar a sus familiares. “Para mí, ha sido imposible resistir, empecé a tomar pastillas para poder dormir. Murió mi hermana y no pude ir, nació mi sobrino y yo aquí [en Ceuta], atrapada sin poder salir. No se puede vivir así”, cuenta Amina, trabajadora de hogar que estuvo atrapada en Ceuta durante 27 meses y finalmente abandonó el trabajo porque no podía estar más en este limbo.
Especialmente dura fue la exclusión que vivieron durante la pandemia, ya que para ellas no hubo ERTEs ni prestaciones, solo desamparo institucional. A pesar de las múltiples promesas por parte de Salvadora Mateos, la delegada del Gobierno en Ceuta, de trasladar y considerar su situación excepcional, nunca tuvieron una respuesta más allá de la que ofreció el Defensor del Pueblo, quien instó a Delegación del Gobierno a facilitar el retorno a la ciudadanía marroquí. “Yo no sabía qué hacer, no tenía dinero ni para los medicamentos que tengo que comprarle a mi madre -en Marruecos-, el Gobierno no nos dio nada… Si no llega a ser por las compañeras”, cuenta Buschra, trabajadora de hogar en Ceuta.
El 18 de octubre la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció una propuesta de estudio para una reforma legislativa que contemple el derecho a la prestación por desempleo para los trabajadores y trabajadoras en régimen transfronterizo. Una reivindicación histórica del colectivo que sigue dependiendo de la buena voluntad y sensibilidad del político o política de turno, y no de la deuda histórica por el reconocimiento y el respeto hacia los derechos humanos más básicos de cientos de mujeres -del otro lado de las fronteras- que sostienen la vida con su trabajo.
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