Para UGT, la sentencia del TSJA es clara y recurrirla solo implica retrasar lo inevitable y aumentar los costes para las arcas públicas.
Por su parte, la Ciudad ha anunciado que planteará recurso a la decisión del TSJA.
En cualquier caso, UGT estudia emprender acciones legales contra Vivas.
UGT considera que, tras la sentencia del TSJA sobre el cobro de indemnización por residencia a miembros del Gobierno que sean funcionarios, el Ejecutivo local debería dejar de abonar esta cantidad desde ya, porque en su opinión va a tener que devolver esas cantidades sí o sí. Además, asegura que aunque cabe presentar recurso este no prosperará y solo servirá para retrasar el proceso y hacerlo más costoso para las arcas públicas. Las cantidad a devolver que, a ojo de buen cubero, maneja la UGT rondarían los dos millones de euros desde 2013.
No obstante, la Ciudad ya ha anunciado que sí presentará recurso al Supremo porque entiende que no ha cometido ninguna ilegalidad y que no hay ningún «problema ético» en hacerlo. Además, el Ejecutivo local confía en que el pronunciamiento del Supremo le sea favorable.
UGT emprenderá «probablemente» acciones legales contra Vivas
En cualquier caso, el sindicato ha anunciado que está estudiando emprender acciones legales contra la Ciudad y contra Juan Vivas, porque entiende que hay «una evidente mala fe en el cobro de estas retribuciones». «El límite para alcaldes de una población como esta es de 60.000 euros y el señor Vivas creo que lo sobrepasaba en más de 20.000 euros» ha asegurado Antonio Ramírez, responsable de FeSP-UGT, mientras que Ramón LLadó, abogado del sindicato y que también fue parte en el recurso que presentó Ciudadanos Ceuta y que ha derivado en la sentencia del TSJA, ha recordado que Vivas es el cuarto alcalde mejor pagado de España.
Así, el sindicato ha presentado por escrito una petición para conocer las retribuciones de sus altos cargos desde el año 2013 y las de Juan Vivas desde 2003. En base a la información que obtenga, el abogado del sindicato, ha anunciado que, «si hay retribuciones al margen de los presupuestos», aunque sea a título personal y «como ceutí que paga sus impuestos», llevará el asunto al juzgado. Si todo sale como el sindicato espera, UGT emprenderá acciones legales contra Juan Vivas por «malversación y fraude de ley«.
La sentencia de los viceconsejeros
Sin esperar a que se aclare desde cuándo cobra el presidente la indemnización por residencia, ni a la respueta al recurso que presentará la Ciudad a la decisión del TSJA, UGT cree que ya podría emprender acciones legales por la sentencia que daba nulidad al nombramiento de viceconsejeros no electos. El proceder del presidente con respecto a esta sentencia es para el sindicato «una burla a la justicia». «Personas que se acostaban siendo viceconsejeros y se levantaban siendo directores generales y ahora son asesores de no se qué» ha criticado Ramírez que entiende que esta no es sino una treta que la Ciudad habría utilizado para saltarse la decisión judicial.
Igualmente, UGT pretende presentar un recurso de impugnación de las bases del presupuesto de 2020 que dan cabida al cobro de la indemnización por residencia para funcionarios que no pertenecen a la Ciudad y otro de nulidad para las mismas bases de los ejercicios de 2018 y 2019.
Valoraciones de UGT sobre la sentencia y el proceder de la Ciudad
Para el sindicato, la Ciudad está, a efectos prácticos, sin interventor y sin secretario «desde hace 20 años». «UGT lleva denunciando desde hace mucho tiempo que no existe la legalidad en este Ayuntamiento» ha puntualizado Ramírez, que señala como responsables de la sentencia del TSJA a «los que lo han cobrado», pero también a los «interventores».
En este sentido, UGT sospecha que el presidente de la Ciudad «está cobrando la indemnización desde hace 20 años» aunque señala que esta solo aparece reflejada en los presupuestos a partir del años 2017. Para Ramírez este hecho se debe a que en ese mismo año se pone en funcionamiento el Portal de Transparencia y «como cualquiera podía ver lo que cobraba», Vivas habría decidido hacerlo público. Por ello, los ugetistas se preguntan cómo se abonaba antes de 2017 la indemnización por residencia si esta no venía reflejada en las bases presupuestarias.
Por último, el sindicato considera que Juan Vivas era y es plenamente consciente de que parte de la cantidad que ingresa mensualmente como retribución por el cargo público que ostenta no estaría sujeta a legalidad. «Vivas es funcionario y economista, sino lo sabe, esta ciudad se merece otro alcalde» ha advertido Lladó.
UGT pedirá la intervención del Estado a la Delegación del Gobierno
Para UGT, es el Estado, a través de la Fiscalía, quien debería esclarecer las cuentas de la Ciudad y dilucidar si los procedimientos que se han seguido se ajustan o no a la legalidad. Ramírez ha recordado que el Estado ya intervino en su momento la cuentas de la ciudad de Marbella al sospechar que se podía estar cometiendo un fraude. El representante de FeSP-UGT ha matizado que «cada vez que escarbamos en la cuentas de la Ciudad sale algo».
Por ello, el sindicato pedirá por escrito formal a la Delegación del Gobierno que ponga el caso en conocimiento de la Fiscalía General del Estado para que esta determine si es necesaria su intervención o no.