“Que no se olviden de mis enfermos. Tengo la conciencia del que nada malo hizo, no puede ocurrirme nada y algún día comprenderán mi inocencia y me dejaran libre, visto que no se tienen cargos contra mí…”
En la madrugada del 21 de agosto de 1936, un grupo de fascistas, tras realizar un macabro listado, se suben a sus automóviles, se aseguran antes de cargar bien sus pistolas y se dirigen hacia la prisión de García Aldave. Tras llegar a la puerta, los soldados no le dejan pasar, pero muestran una falsa nota de que van hacer un traslado de varios detenidos a la comisaria de la plaza de los Reyes para declarar. Mientras, en los calabozos la llegada de la noche era temida por los cientos de ceutíes allí confinados, entre otros, el alcalde republicano Doctor Sánchez Prado, junto a un gran número de concejales, sindicalistas o simples ciudadanos que se habían destacado a favor del República. El descorrer de los cerrojos de las celdas era otra forma de represión, la psicológica, con el chirriar de las cancelas, o los pasos de los ejecutores en plena madrugada, que hacían presagiar a los presos la inminencia de una saca y la posibilidad de que fueran ellos los elegidos. A buen seguro, en la soledad de aquel calabozo, todavía confiaba y mantenía la esperanza de una posible libertad el joven doctor Enrique Santiago Araujo.
Todas las sacas como la llevada a cabo sobre el doctor y sus seis compañeros recorren una trágica rutina. Tras entrar en la celda leen varios nombres y les comunican que van a ser trasladados a declarar. Según una entrevista personal, muchos años después, con un testigo de estas sacas, me aseguró que cuando llegaban las patrullas y leían los nombres para que salieran al patio tenían decidido los detenidos que el designado no opusiera resistencia, ya que podrían comenzar a disparar o llevarse a otros que no habían sido nombrados.
Fueron siete los nombrados, el director del diario republicano Hoy, Gaudencio Martín García; el funcionario municipal Francisco González Raposo, destacado militante del PSOE y UGT, el practicante Tomás Fernández Hernández; el capitán de Infantería Alfredo Arderius Perales, trasladado desde Chauen; el oficial de Telégrafos y abogado Jesús Arinés López; el concejal del PSOE y propietario de una prestigiosa sastrería Manuel Pascual Abad y el joven médico Enrique Santiago Araujo. Acabaron con la vida de un médico joven, 27 años, lleno de ilusiones y planes para el futuro. Enrique Santiago Araujo, acabaron con su vida, pero no con su memoria y sus ideales de libertad y democracia.
Su hermano, condenado a muerte
Desde el mismo inicio de la sublevación, el 17 de julio de 1936, estuvieron buscando al hermano de Santiago Araujo, Rafael, pero él tuvo más fortuna y se pudo ocultar. La Casa del pueblo de Ceuta, en esa tarde era un hervidero de personas entrando y saliendo en busca de información, para estudiar los sucesos de Melilla; y toman dos acuerdos, primero organizar para el 18 de julio una huelga general y que una comisión formada por los miembros del Frente Popular Juan Medina de Aragón, Juan Rivas Cortes del Partido Comunista y el socialista Rafael Jiménez Cazorla, visiten al Delegado del Gobierno José Ruiz Flores, para pedirles armas, y repartirlas entre los obreros, con el fin de organizar la defensa de la ciudad, de una posible sublevación, este se las denegó. Sobre las once de la noche el teniente coronel Martínez Simancas, del Batallón de Cazadores del Serrallo nº 8, recibió la orden del también Teniente Coronel Juan Yagüe, que tocase genérala y salieran las tropas a tomar la ciudad. Ingenieros se apostaron entre la Marina y los jardines de San Sebastián; el Grupo del Serrallo en la zona del Recinto y calle Real hasta el mercado y allí se unía con el Tercio, que ya había dejado retenes en el barrio de la Almadraba y del Morro y soldados de Artillería ocupan el puente de la Almina, la Plaza África y la zona de la muralla Real. Y las tropas de Regulares, al mando de los Capitanes Segarra y Mateo, tomaron la Delegación del Gobierno. En la puerta tan sólo se encontraba el Jefe de Seguridad, Teniente Tomás de Prada Granados, con una sección de guardias, el delegado, se encontraba en su despacho, al comprobar la disparidad de las fuerzas ordenó al Teniente quitar los guardias de la entrada y dejar entrar a las fuerzas sublevadas, sin oponer resistencia alguna. Todos fueron detenidos y el teniente de seguridad Tomás de Prada fue ejecutado días después, sin juicio. Tomando posesión de la Delegación del Gobierno el Capitán Arjona. Ruiz Flores paso a sus habitaciones detenido junto a su hijo y el 25 de julio pasó al Hacho. En la misma puerta se leyó un bando, firmado por el general Franco -que todavía estaba en Canarias-, declarando el estado de guerra y la ley marcial, el citado bando estaba fechado en Ceuta a 17 de julio de 1936. Su hermano Rafael a pesar de ser buscado desde el inicio de la sublevación, no pudieron detenerlo hasta el 12 de agosto de 1937. Fue capturado en la casa de sus padres, tal vez estuvo allí ocultó durante todo ese tiempo, vivían en la calle Marqués de Santa Cruz. A los cinco días se celebró el consejo de guerra, fallando pena de muerte. Durante dieciséis meses estuvo en la fortaleza del monte Hacho esperando que cualquier día lo pasaran a capilla para la ejecución, pero el 24 de diciembre de 1938 se recibió un escrito de la Comandancia militar de Ceuta, conmutándole la pena de muerte por la de cadena perpetua.
Maruja, Carmela, Eloísa, Amalia y Josefa… ¡Que no se olviden sus nombres!
Nuevamente, y ya van cuatro, los reconocimientos que la UGT de Ceuta ha rendido a las mujeres ceutíes que sufrieron la represión del régimen franquista tras el golpe militar del 17 de julio de 1936. En la mayoría de los casos tras ser fusilado su marido y tener ellas que sacar adelante a su familia con innumerables penurias y sinsabores. Como es el caso de esta edición, en homenaje a Maruja Lores, mujer del médico Enrique Santiago Araujo, y sus hermanas Carmela, Eloísa, Amalia y Josefa, en reconociendo al coraje y la valentía de estas cinco mujeres. El medico Enrique Santiago Araujo fue un modelo para muchos. Su detención y posterior ejecución causó conmoción en una sociedad ceutí que admiraba a este joven facultativo y para quien esta figura representa, la esencia y lucha por la democracia. Siempre estuvo en la memoria colectiva del pueblo y que se eternizó con el regreso a la democracia.
Su mujer, Maruja, tuvo que hacerse cargo de la multa impuesta por el Tribunal de Responsabilidades Políticas, no les bastó a los sublevados arrebatarle lo que más quería. Ella y las hermanas de Enrique, tenían que volver a comenzar de cero y luchar por la supervivencia en un ambiente que les era hostil, que no les perdonaban su pasado reciente. A la represión física se le añadió la económica, con la promulgación el 9 de febrero de 1939 de la Ley de Responsabilidades Políticas, cuya finalidad era depurar con sanciones las conductas contrarias al golpe. Muchos ceutíes se vieron afectados por la ley, que, en su artículo primero, retrotraería su ámbito de actuación a octubre de 1934 y los detenidos podían ser acusados de algo tan genérico y arbitrario como haber contribuido a la subversión de todo orden. Muchos empleados públicos fueron depurados. Los amplios volúmenes documentales que se conservan en el Archivo Municipal de Ceuta dan prueba de ello.
Con la promulgación de esta ley la represión económica fue muy extensa, pues en tres años serían incoados casi dos mil expedientes y el último tiene el número 1.964, de fecha 17 de diciembre de 1941, dictándose 205 sentencias hasta el 6 de mayo de 1942. Para una población de 60.000 habitantes, que era el censo de Ceuta en 1940, las cifras anteriores reflejan unos valores relativos de más del 3% de ceutíes que sufrieron la incertidumbre de la represión de esta ley y de ellos un 10,5% fueron castigados por el Tribunal. Por categorías laborales, los que más padecieron la represión del Tribunal de Responsabilidades Políticas, en cuanto a apertura de expedientes, fueron los empleados en general, con 392 casos (20%), 245 comerciantes (12,5%), 167 jornaleros (8,5%), 86 amas de casa (4,4%), 61 militares (3,1%) y 60 dependientes (3%). El resto se reparte de manera equitativa entre todas las profesiones presentes en la ciudad.
En Ceuta, al contrario que en otras poblaciones, no existieron enterramientos de fusilados en descampados. La fosa común que se utilizó era la localizada dentro del cementerio de Santa Catalina. Entre 1936 a 1944 la represión alcanzó a 268 víctimas entre republicanos, socialistas, comunistas, cenetistas y militares, siendo 169 los sepultados en la fosa. En ella eran enterrados tanto los fusilados por un piquete tras un consejo de guerra como los ejecutados en las sacas, aunque en mayor cantidad se nutrió de ceutíes sacados de sus celdas durante las madrugadas, como le ocurrió a nuestro homenajeado.
La consulta de distintos documentos permite acercarse a la cruda realidad judicial de aquellos grises años. Los procedimientos sumarísimos de urgencia, que la legislación fijaba como fórmula ocasional, se convirtieron, sin embargo, en la única fórmula empleada por los tribunales para juzgar los supuestos delitos de los que no eran adictos al nuevo régimen. Amparados en la más absoluta impunidad y parapetados tras la vía jurídica no dudaron en acusar y condenar de adhesión a la rebelión a los que precisamente habían defendido la legalidad constitucional.
Seis facultativos fusilados en Ceuta
Junto al joven doctor Enrique Santiago Araujo, otros cinco facultativos fueron fusilados durante la represión llevada a cabo tras el golpe militar del 36. La clara vocación social de la profesión médica, que atendía sin distinciones desde el más adinerado a los humildes ceutíes, hizo que muchos estuvieran dedicados a actividades políticas y fueran republicanos. Durante la Segunda República, muchos de estos profesionales ocuparon importantes puestos de responsabilidad. El que fuera durante la Segunda República, Diputado y Alcalde de Ceuta, el republicano Antonio López Sánchez Prado, el 5 de septiembre de 1936; Tomás Fernández Hernández, (Practicante) el 21 de agosto de 1936; Enrique Velasco Morales, el 26 de septiembre de 1936; Pascual Aragón Barras (Practicante), el 6 de octubre de 1936 y Juan Romero Medina, el 5 de julio de 1937. También tendríamos que añadir los que sufrieron la represión y fueron expulsados de su profesión, como la doctora Antonia Castillo Gómez, recordemos que fue la primera doctora en la ciudad, y terminó exiliada en México, o el prestigioso médico Federico González Azcune, que estuvo varios años preso en el Hacho.
La ley de Responsabilidades Políticas de 1939, aplicada con efecto retroactivo; y la ley de la represión de la masonería, de 1941. Ésta última, añadía a las anteriores la obligatoriedad de los masones de retractarse y denunciar a compañeros. Las cuantiosas multas de las que tenemos constancia fueron para los médicos Jacinto Gabizón Benhamú; Mate Mate Alonso; Pascual Morales; Félix Palacios Cárdenas y Federico Valle Gandules. Y a los practicantes, Pedro Ballester Jimenez, José March Tortonda, Diego Moguel de la Rubia y Juan Romero Medina. La represión física se cobró 268 víctimas, después estuvo la represión administrativa y, por otra parte, ¿cuántos encausados no llegaron al pelotón de fusilamientos? Muchos de ellos murieron mientras eran transportados o en las comisarías sin consignarse sus nombres. ¿Cuántos murieron en las enfermerías como consecuencia de malos tratos o enfermedades sin cuidados? ¿Cuántos quedaron internados en manicomios.
