Ayer 602 personas celebraban su «Boza Aniversario». De hecho, 592 siguen luchando para labrarse un futuro en Europa, nueve están encausados por el salto que les permitió cruzar de Marruecos a Ceuta y Elhadj murió siendo residente del CETI. No tenemos datos de cuántas de las personas que consiguieron llegar a la Península han podido ser internadas en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) y cuántas han sufrido devoluciones exprés.
Después del 26 de julio de 2018 sólo ha habido un grupo numeroso de personas que haya logrado esquivar la brutalidad de la frontera marroquí y española. Fue el miércoles 22 de agosto, menos de un mes después. Muchos de los que ya estaban en Ceuta tenían amigos y conocidos en el segundo grupo de 116 personas que entraron por la zona de la Finca Berrocal. 24 horas después, todos estaban expulsados a Marruecos, a partir de un acuerdo de España con el reino de Mohamed VI firmado 1992. Ni siquiera los gobiernos del Partido Popular habían echado mano a esta dura legislación.
El 23 de octubre el Defensor del Pueblo emitía un duro comunicado sobre las conocidas como «devoluciones exprés». Según el informe, «no consta que las personas devueltas fueran informadas o tuvieran conocimiento de que su devolución se iba a producir a Marruecos». El mismo documento explica que las personas no solicitaron asilo creyendo que, una vez llegados a Ceuta, irían a la Península. Organizaciones como el Comité Español de Ayuda al Refugiado, el Servicio Jesuita Migrantes, Cáritas, Prodein, Coordinadora de Barrios, …, han condenado estas devoluciones, dudando públicamente de su legalidad.
Decenas de personas en Melilla, desde el agosto pasado, también han sido devueltas. Abogadas expertas en derechos humanos han alertado que, aun solicitando el asilo, se ha denegado esta petición de protección internacional en plazos irrisorios para proceder a realizar expulsiones exprés.
El norte de Marruecos es un peligro para las personas negras
Marruecos ha sido, desde hace décadas, el escudo antimigrantes de la Unión Europea. En verano del año pasado se incrementó la persecución a personas de apariencia subsahariana en todo el norte, llegándose a documentar miles en pocos meses. Las personas son abandonadas en las fronteras con Argelia, una de las más peligrosas del mundo, junto a la de Marruecos con Mauritania, otro punto de destierro de migrantes subsaharianos.
Se ha instalado un sistema de videovigilancia desde Alhucemas hasta Tánger, para evitar la salida de personas en pateras. Se han construido sendas vallas de concertinas a pocos metros de las vallas, aún con concertinas, en los perímetros de Ceuta y de Melilla. Estas infraestructuras, están financiadas por el Estado español según narran periódicos nacionales, después que lo avanzase El Mundo.
En Tánger y Tetuán reina el miedo y la incertidumbre entre las personas subsaharianas que quieren llegar a Europa. Las redadas violentas son constantes, las deportaciones regulares y a destinos aleatorios, muchas veces acompañadas de violencias física. Son varios los testimonios que nos llegan desde las dos ciudades marroquíes que explican como la policía entra en los pisos de personas que quieren migrar, para detenerlas deportarlas al sur. Y vuelven a subir, y vuelven a sufrir deportaciones. Casi nadie se plantea saltar la valla, y aun así, las entradas terrestres a Ceuta no han disminuido este año. Todo pasa por jugarse la vida en una patera, con el dinero que uno pueda ahorrar en Tánger o Tetuán.
Las formas de entrar en las ciudades autónomas se capitalizan a marchas forzadas. La mayoría de personas subsaharianas han entrado este año en dobles fondos de vehículos y en embarcaciones. Para los dos mecanismos han tenido que pagar cifras de tres ceros. Y las consecuencias siguen derivando en arriesgar la vida. Una chica de 25 años perdió la pierna hace más de un mes debido a un accidente del coche en el que iba escondida. Sigue hospitalizada. Esta semana ha aparecido el cuerpo de un hombre de 30 años en la playa del Tarajal, el tercero en siete meses.
El discurso oficial que legitima las devoluciones exprés, reiterado tanto por el Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como por el Ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, sigue siendo el de causa-efecto por las agresiones a guardias civiles. Los números del Gobierno marcan una disminución de personas que han conseguido llegar irregularmente al estado español, 5.000 menos vía terrestre y marítima. En lo que llevamos de año han llegado 20.000 personas, sin contar las que llegan en avión, la forma más común de entrada irregular en el estado español.
La misma agencia de control fronterizo del Espacio Schengen, Frontex, reconoce en el último informe Risk Analisy, que las personas migrantes no dejan de salir de sus países de origen, así que se buscarán otras vías o morirán.