Según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), en España algo más de 600.000 personas se dedican al trabajo de hogar y de cuidados empleadas por familias particulares. De ellas, más del 95 por ciento son mujeres. Los hombres empleados en este sector desempeñan tareas distintas: mientras que ellas cuidan a personas y limpian las casas, ellos son conserjes o jardineros. Muchas de estas mujeres son migrantes, un porcentaje amplio está en una situación administrativa irregular. Todas forman parte de un sector desprestigiado, desprotegido y vulnerable. Llega un nuevo 30 de marzo, día internacional del Empleo de Hogar, y en un año marcado por la pandemia que ha puesto en el centro la esencialidad de los cuidados, ellas, las que cuidan la vida en nuestros hogares, se sienten más abandonadas que nunca.
En los últimos años, colectivos como el Sindicato Sindihogar Sindillar, Territorio Doméstico, Sedoac o Grupo Turín, integrados mayoritariamente por mujeres migrantes, han exigido al Gobierno de España que ratifique el Convenio de las Trabajadoras Domésticas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y acabe con un régimen especial que les priva de importantes derechos laborales.
Sin embargo, cada año escuchamos lo mismo: la ratificación del Convenio 189 de la OIT vuelve a postergarse. Esta vez lo han denunciado en rueda de prensa la Plataforma por un Empleo de Hogar y Cuidados con Plenos Derechos de Madrid (@emphogarderecho), que agrupa a diversas organizaciones del sector. La razón: “falta voluntad política”.
Un convenio no es la panacea, pero en este caso, la ratificación del Convenio 189 de la OIT permitiría que estas trabajadoras avanzaran en la equiparación de sus derechos al resto de trabajadoras y trabajadores. Cuestiones tan básicas como la prestación por desempleo o la aplicación de la Ley de Riesgos Laborales les son negadas, lo cual, en un momento de crisis como el que estamos viviendo, se traduce en situaciones de absoluta desprotección y precariedad. Y más allá del Covid y de la crisis social y económica asociada, la consideración del sector ha de transformarse y sus derechos han de equilibrarse con los que tienen reconocidos el resto de trabajadoras.
Sin embargo, lejos de avanzar, se retrocede. En diciembre de 2020 fue aprobado por real decreto un nuevo retraso en la integración del sistema especial de Empleo de hogar en las medidas de protección aún no reconocidas del Régimen general, hasta 2023. “Ésta es la tercera vez que se incumplen los plazos fijados”, han denunciado desde la Plataforma.
Durante la rueda de prensa, Ana Bosch, abogada de Pueblos Unidos, encargada de ofrecer la visión general de las organizaciones, ha explicado que el subsidio extraordinario por cese o reducción de actividad, reconocido durante el Estado de alarma como parte del paquete de medidas de protección social, siendo un paso adelante, ha resultado del todo insuficiente. Solo fue concedido a un 10% de las trabajadoras afiliadas y tras su extinción, el 21 de julio de 2020, se ha vuelto al punto de partida, manteniendo a este sector como el único que no tiene reconocido el derecho a la prestación por desempleo.
Además, la campaña puesta en marcha recientemente por la Inspección de Trabajo para regularizar los salarios y cuotas de la Seguridad social que se encuentren por debajo del mínimo legal vuelve a ser importante, sin embargo se refiere solo a los contratos por jornada completa, siendo este ámbito uno de los que mayor parcialidad tiene (cuatro veces más que en el resto de sectores laborales, y rebasa con creces los índices de parcialidad involuntaria, 80% frente al 55%), deja fuera a un número muy importante de los contratos. Nada dice además sobre la enorme tasa de informalidad en el sector, que afecta al menos a unos 200.000 empleos sin contrato de trabajo, alrededor de un tercio del total.
Según Bosch, “nos encontramos ante un sector económico muy desprestigiado, abocado en muchas ocasiones al trabajo informal y a la economía sumergida y, por tanto, con un alto grado de desprotección, no solamente de los derechos laborales, sino de vulneración de derechos humanos, provocando grandes desigualdades en perjuicio de las trabajadoras”. Esta situación, además, afecta de manera singular a las personas en situación administrativa irregular, quienes “se encuentran con una mayor desprotección, ya que no cuentan con un permiso de residencia y trabajo y a ellas se le aumenta el miedo, no sólo a ser despedidas, sino a ser detenidas y expulsadas del país”, explica Bosch.
Una ley de extranjería que aboca a la esclavitud
La cuestión de la “irregularidad” es decisiva para comprender y denunciar algunas de las situaciones cercanas a la esclavitud que siguen produciéndose en territorio español. La ley de extranjería establece que para solicitar la regularización hay que residir tres años en España. Tres años que para muchas significan trabajar como internas por sueldos miserables, recibiendo “pago en especie” (cama y comida), sin descansos, llegando a sufrir todo tipo de abusos y viviendo con mucho miedo. “Exigimos que la ley se revise”, explica Rafaela Pimentel, conocida activista e integrante de Territorio Doméstico. “Muchas compañeras están expuestas a abusos, maltratos, sienten que no tienen derecho a nada porque no tienen papeles”.
Pilar Gil trabajó en régimen de interna en los años sesenta y ahora está jubilada. Desde Bilbao lamenta que las condiciones laborales del sector no hayan mejorado después de tantos años y denuncia que sus pensiones continúan siendo las más bajas de todas las ramas económicas, alcanzando poco más de la mitad de la pensión media.
Un informe de UGT indica que los sueldos de las personas que trabajan en el sector doméstico son cerca de un 60% menores al salario medio bruto en España. Y, según un estudio de Oxfam Intermón y del Instituto de Estudios de Género de la Universidad Carlos III, una de cada tres empleadas domésticas vive en hogares que están por debajo del umbral de la pobreza (el 16% en la población general) y duplican los retrasos en el pago del alquiler o la hipoteca respecto a cualquier otro trabajador o trabajadora. Una situación que se ve recrudecida por la crisis que atravesamos.
Las trabajadoras esenciales más vulnerables
Las trabajadoras de hogar y cuidados fueron consideradas esenciales durante el Estado de alarma al ocuparse, un número importante de ellas, de mantener el bienestar de las personas mayores o en situación de dependencia en sus domicilios en un momento de alto riesgo, siendo además la alternativa al ingreso de las y los mayores en los centros residenciales tan golpeados por la pandemia.
No en vano España ocupa el segundo puesto a nivel europeo en la contratación de empleo de hogar, casi el 3% del total de trabajadoras y trabajadores en activo (frente al 0,3% de países como Finlandia o Bélgica), como consecuencia de la cobertura tan limitada de los servicios públicos.
Durante el confinamiento muchas de ellas, sobre todo las que trabajaban en régimen interno, fueron obligadas a permanecer en los domicilios de los empleadores durante semanas o, por el contrario, fueron despedidas de un día para otro (más de 20.000). Rafaela Pimentel, como tantas otras activistas, ha ayudado a muchas trabajadoras durante la pandemia. Mujeres que se vieron en la calle de un día para otro porque sus empleadores tenían miedo a que los contagiaran, o porque enfermaron, o porque el teletrabajo ya no las hacía tan imprescindibles. “El Gobierno nos dejó fuera de las ayudas en un primer momento y tuvimos que arrancarles el subsidio que ha sido insuficiente, muchas compañeras no sabían ni tenían medios para pedirlo, las organizaciones hemos ayudado como hemos podido, pero esa no es la solución”.
La falta de reconocimiento y valoración del trabajo que desarrollan estas trabajadoras también tiene consecuencias directas en el contexto del Covid: aquellas trabajadoras de hogar que realizan tareas de cuidados personales no están consideradas como cuidadoras, lo cual no solo afecta a su valoración profesional, sino que tiene consecuencias directas en asuntos claves, como la protección frente al coronavirus o la vacunación, de la que quedan relegadas al no ser incluidas como personal socio-sanitario.
Hacer visible lo invisible
“Con una fuerza precaria y sin derechos, se pretende tapar las grietas de un sistema de cuidados demasiado frágil que, castigado por la insuficiente atención a la dependencia, las limitadas políticas de conciliación y la aún desequilibrada corresponsabilidad entre hombres y mujeres, se ha mostrado dramáticamente incapaz de garantizar el bienestar del conjunto de la población”, denuncian desde la Plataforma. “Insistimos en que el reconocimiento concreto y efectivo de condiciones de trabajo justas y plenos derechos de las más de medio millón de trabajadoras de hogar y cuidados no admite más excusas, parches, ni demoras”, sentencian.
“Estamos sosteniendo la vida” reitera Pimentel, “sosteniendo un sistema de cuidados, mientras el trato que recibimos es totalmente injusto”, recordando que “todas necesitamos cuidados”. “No podemos seguir así, tiene que haber voluntad política porque nosotras ya estamos organizadas”, advierte, antes de concluir: “Nosotras estamos luchando, pero esto no es una cuestión solamente de trabajadoras de hogar. La sociedad se tiene que involucrar para que no nos quedemos solas”
