Casi un centenar de organizaciones se han sumado al escrito remitido por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) a los grupos parlamentarios que han mostrado su rechazo a las devoluciones en caliente -PSOE, Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, Republicano, Plural, Vasco (EAJ-PNV), Euskal Herria Bildu y al Grupo Mixto- reclamando que exijan al Gobierno el cese inmediato y definitivo de las devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla.
Las organizaciones consideran que las devoluciones en caliente son “contrarias a los derechos reconocidos a toda persona en aquellos tratados internacionales ratificados por España que protegen el derecho al asilo, el principio de no devolución y prohíben las expulsiones colectivas”.
De esta manera, aclaran que la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) no dio respaldo a las devoluciones en caliente si se desarrollan como hasta ahora, sino que exige tres requisitos: aplicación a las entradas individualizadas, pleno control judicial y cumplimiento de las obligaciones internacionales. En esta misma línea se pronunció la magistrada María Luisa Balaguer en su voto particular a la sentencia del TC.
Para las organizaciones es del todo imposible respetar esos tres requisitos en las devoluciones en caliente que se ejecutan en la actualidad, pues la inmediatez que caracteriza una devolución en caliente, que básicamente consiste en abrir la verja y expulsar a la persona, es incompatible con un procedimiento que garantice derechos como la asistencia jurídica, la atención por un intérprete, la solicitud de asilo o efectuar un recurso, es decir, cumplir con el principio de no devolución incluido entre las obligaciones internacionales que España ha firmado.
Por ello, sostienen su rechazo a la Ley Mordaza que intenta legalizar las devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla, incluso con los requisitos que el propio Tribunal establece que deben cumplirse en estas prácticas, pues “son del todo imposibles de cumplir”. “No hay ningún procedimiento real y material que pueda garantizar en las devoluciones en caliente el respeto a los derechos de las personas migrantes en la Frontera Sur y, por ello, defendemos que las devoluciones en caliente deben acabar”, explican.
Además, exigen la derogación de esta disposición pues “no es imposible detectar adecuadamente a las personas en situación de vulnerabilidad o susceptibles de optar a asilo si el procedimiento de expulsión se instruye y ejecuta de manera inmediata”.
Asimismo, señalan que es prioritaria la tramitación de la reforma de la Ley Mordaza, que entienden “debe concluir con su total derogación y la aprobación de una normativa basada en la plena y efectiva garantía de los derechos” y exigen de forma inmediata el cese de las devoluciones en caliente “por la irreparabilidad una vez producidas”. Añaden que se trata de una primera respuesta tras la sentencia del Tribunal Constitucional y que continúan “preparando otras acciones para exigir al Gobierno el cumplimiento de su compromiso con la derogación de esta normativa”.
