La violencia de género constituye uno de los principales factores de riesgo de problemas de salud mental, tanto en las mujeres que los sufren, como en sus hijos e hijas que se convierten en testigos involuntarios pero, según un informe de Salud Mental España, acaba siendo “ignorada” a nivel de la salud pública
Así se deduce del ‘Informe sobre el estado de los derechos humanos de las personas con trastorno mental en España 2018’ que acaba de hacer público la Confederación Salud Mental España, en el que se recogen las demandas atendidas por el Servicio de Asesoría Jurídica de la Confederación en 2018.
Violencia de género, esterilizaciones forzosas o abortos coercitivos, son algunas de las denuncias relacionadas con el abuso y la vulneración de derechos de las mujeres con problemas de salud mental, recogidas en el informe.
El presidente de la Confederación, Nel Anxelu González Zapico, argumentó la necesidad de elaborar a conciencia este tipo de informes porque “los derechos de las personas con problemas de salud mental se ven vulnerados casi a diario, y no sólo debemos visibilizarlos, sino que también hemos de ofrecer respuestas y soluciones”.
En línea con años anteriores, el documento constata que en España se siguen vulnerando “a diario otros derechos fundamentales de las personas con algún problema de salud mental, que siguen sufriendo violencia y maltrato dentro de las instituciones hospitalarias, hasta el punto de, en ocasiones, provocarles la muerte”.
De hecho, este último informe recoge dos denuncias de fallecimientos durante ingresos hospitalarios involuntarios. En este sentido, la asesora jurídica de la entidad, Irene Muñoz, lamentó que aún sean necesarios informes de estas características. “Existen carencias muy graves en materia de atención a la salud mental que, en el fondo, esconden una falta de consideración a la persona como sujeto de derechos humanos”.
El Servicio de Asesoría Jurídica de Salud Mental España atendió en 2018 un total de 149 demandas, el 74,5% efectuadas por mujeres y el 25,5% restantes, por hombres. Al respecto, Muñoz puntualizó que esta diferencia entre hombres y mujeres “no sólo responde a que éstas hagan consultas para ellas mismas, sino también para resolver las necesidades de sus familiares, dado el papel de cuidadoras que, por lo general, asumen”.
Maternidad y esterilización forzosa
Según el informe, los problemas que afectan a la salud mental asociados o derivados del proceso de maternidad, como la depresión postparto o el duelo gestacional o perinatal, están “completamente invisibilizados” a pesar de que, según datos de la OMS, la depresión postparto “afecta concretamente a una de cada seis mujeres que dan a luz”, denunció Salud Mental España.
De igual manera, el documento denuncia la “vulneración constante y permanente de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres que tienen algún problema de salud mental”, a las que “se somete habitualmente a esterilizaciones forzadas, abortos coercitivos, o incluso, a la retirada de la custodia de los hijos e hijas”.
A pesar de que los efectos físicos y psicológicos de la esterilización forzada, al igual que los del aborto coercitivo, están suficientemente constatados, y de estar proscrita por normativas internacionales, en España la legislación sigue amparando la práctica de esta medida lesiva para la integridad personal.
“Las esterilizaciones forzadas suelen practicarse en mujeres y niñas con discapacidad sin que exista un consentimiento informado previo, justificándose con una supuesta incapacidad de estas mujeres para ser madres, con el bienestar de la propia comunidad o de la familia, o incluso con un supuesto bienestar de las mujeres afectadas frente a las consecuencias del abuso, la violencia o los embarazos”, relata el informe.
Fallecimientos de personas ingresadas
Según el documento, una de las lacras que arrastra el abordaje de la salud mental en muchos hospitales de España son los fallecimientos de personas que son ingresadas en contra de su voluntad o sometidas a contenciones físicas. “Estos ingresos vulneran el derecho a la no discriminación, a la libertad y la seguridad en igualdad de condiciones al resto de personas, y al respeto de su integridad física, tal y como recoge la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas”, destacó Salud Mental España.
A juicio de la entidad, esto “obliga a replantearse el modelo de atención que se ofrece a las personas con problemas de salud mental”. En 2018 se registraron dos denuncias de fallecimiento de personas que fueron ingresadas en contra de su voluntad, una de ellas incluso sometida a una contención física que tuvo como resultado una parada cardiorrespiratoria que derivó en fallecimiento.
“Para frenar esta deriva, el primer paso es cambiar de mentalidad”, declaró Muñoz, que es partidaria de “poner el foco en la necesidad de un cambio en la cultura sociosanitaria, así como en la jurídica y judicial”.