Esther Soto, una ciudadana española, vivió una pesadilla en Estados Unidos tras denunciar a su marido por violencia machista. Días después de acudir a las autoridades, fue arrestada por agentes de inmigración al descubrirse que no tenía la documentación en regla. Lo que siguió fue un proceso de detención y deportación que duró seis meses y que incluyó condiciones extremadamente duras, según su testimonio.
Durante su arresto, Soto asegura que pasó cinco días con acceso limitado a comida y agua, y hasta 30 horas esposada. Posteriormente fue recluida durante medio año en un centro de detención para inmigrantes en EE UU, antes de ser finalmente deportada a España.
El caso ha generado críticas por la forma en que se gestionó su situación migratoria, especialmente tras haber denunciado un caso de violencia doméstica. Organizaciones defensoras de los derechos humanos y colectivos de mujeres han denunciado que este tipo de actuaciones pueden disuadir a otras víctimas de maltrato de acudir a las autoridades por miedo a represalias migratorias.
El caso de Esther Soto pone de relieve los vacíos legales y la falta de protección para personas migrantes víctimas de violencia machista en el sistema estadounidense.
