La Asamblea Nacional de Venezuela, dominada por el chavismo, ha dado luz verde a una nueva ley que establece penas de entre 25 y 30 años de prisión para aquellos que promuevan o participen en sanciones extranjeras contra el gobierno venezolano. Además, se impondrán multas de hasta un millón de euros, calculadas en bolívares con la tasa del euro como referencia.
La ‘Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela’ también contempla la inhabilitación política por 60 años para los infractores. Esta medida busca impedir que quienes hayan respaldado sanciones puedan participar en procesos electorales futuros.
Acciones Consideradas Delictivas
La ley especifica que no podrán postularse a cargos públicos aquellos que hayan promovido, instigado, solicitado, invocado, favorecido, respaldado o participado en acciones armadas, cibernéticas o de cualquier otra índole que atenten contra el país. Estas acciones son vistas como amenazas directas a la soberanía venezolana.
El marco legal también clasifica las sanciones internacionales como crímenes de lesa humanidad, en respuesta a más de 900 medidas de este tipo recibidas en la última década, principalmente de Estados Unidos.
Impacto en Medios de Comunicación
Los medios que difundan mensajes que promuevan sanciones serán multados y podrían enfrentar la salida de circulación o del espectro radioeléctrico. Esta disposición subraya la intención del gobierno de controlar la narrativa mediática en torno a las sanciones.
Registro Nacional y Consecuencias Económicas
Se creará un registro nacional para personas bajo sospecha de incurrir en estas acciones, quienes podrían ver sus activos congelados y enfrentar restricciones económicas. En el caso de extranjeros, podrían ser expulsados del país y despojados de sus bienes.
La aprobación de esta ley sigue a la reciente investigación abierta por la Fiscalía contra María Corina Machado, líder opositora, por su apoyo a una ley estadounidense que prohíbe contratos con entidades vinculadas al gobierno venezolano.
En conclusión, esta nueva legislación refleja la postura firme del gobierno venezolano frente a las sanciones internacionales, buscando consolidar su control interno y disuadir cualquier forma de apoyo a medidas externas que considere hostiles.
