Medio centenar de personas se han congregado, un año más, junto al espigón de la playa del Tarajal para reclamar justicia y reparación paras las víctimas del 6F y un giro radical en las políticas «de muerte» en materia de inmigración que defiende la Unión Europea
La playa del Tarajal ha vuelto a ser el escenario escogido para reclamar justicia, reparación y memoria para las víctimas del 6F y todas las de las fronteras. La VIII Marcha por la Dignidad, debido a la pandemia, no ha contado con la tradicional caravana de personas que se desplazan hasta Ceuta desde distintos puntos de la geografía española, pero eso no ha sido impedimento para que unas 50 personas se concentrasen junto al espigón que separa España de Marruecos para recordar la memoria de las, al menos, 15 personas que se ahogaron a escasos metros de la orilla y en presencia de la Guardia Civil aquel trágico 6 de febrero de 2014.
Manifiesto de la VIII Marcha por la Dignidad
«Siete años desde la muerte de, al menos, 14 personas en la playa de Ceuta. Siete años de impunidad. Siete años de injusticia. Siete años luchando en la Marcha por la dignidad. Siete años exigiendo responsabilidad y reparación. Siete años haciendo memoria, defendiendo la vida y exigiendo derechos.
Tras siete años de litigio, la situación actual no es nada esperanzadora. El 27 de julio de 2020 la Audiencia Provincial de Cádiz, ordenó el sobreseimiento libre, un archivo de la causa que señala que los Guardias Civiles investigados no cometieron delito alguno. Por lo tanto, los absuelve sin juicio. Sigue pendiente de trámite el recurso contra dicha decisión que se ha de resolver en el Tribunal Supremo. Tras siete años: muertos sin rostro, sepulturas sin nombre, víctimas sin justicia, frontera sin derechos.
Este 2020 nos deja unos datos espeluznantes. A costa del endurecimiento del control fronterizo y de las políticas de muerte de la Europa fortaleza cada vez son más las personas que pierden la vida intentando llegar a nuestro territorio. Según informes de Caminando Fronteras, aunque se contabilizan 2170 muertes en las rutas de acceso al estado español, se estima que el 95% de las víctimas desaparece en el mar sin que sus cuerpos sean recuperados. Si no hemos sido capaces de salvar sus vidas, deberíamos responsabilizarnos de sus muertes.
Pero, en su lugar, seguimos perpetuando toda una maquinaria política que financia la lucha contra la inmigración irregular. Bajo el mandato de Fernando-Grande Marlaska, las partidas presupuestarias destinadas a las guardias costeras y a la policía fronteriza de países como Marruecos, Mauritania o Senegal, entre otros, se han triplicado. ¿Y si estos recursos se destinaran a acoger en lugar de rechazar?
Lejos de disuadir, estos esfuerzos por contener los flujos migratorios no han hecho más que desviarlos hacia otras rutas más mortíferas como la de Canarias. Una ruta más complicada, cara y arriesgada, cuyos puntos de embarque (Gambia, Senegal y Mauritania), son cada vez más lejanos y los expone a las inclemencias del tiempo y del mar. A aquellos que logran superar la travesía se les niega la paz y la palabra ya que la violación de derechos humanos continúa una vez llegados a puerto. Se les ha privado de su libertad, se les ha mantenido en condiciones de hacinamiento, en ocasiones sin asistencia letrada y sin posibilidad de defenderse e incluso se ha llegado a separar de manera forzosa a menores de sus familiares.
Son numerosos los motivos que empujan a las personas a migrar: tanto la búsqueda de protección internacional al salir de un país en conflicto como la crisis económica y la pandemia, conformando así los llamados flujos mixtos. El saqueo de la Unión Europea a través de acuerdos pesqueros con países africanos atenta contra la seguridad alimentaria, genera violación de derechos humanos y agranda la brecha económica y social. Esta realidad se ha visto agravada por la crisis de la Covid-19, que ha afectado a todos los sectores económicos, en especial al turismo en estos países. No obstante, aunque algunos huyan del conflicto y otros de la falta de perspectiva de futuro, no debemos caer en la discriminación entre refugiados y migrantes como si solo los primeros tuvieran una legitimidad para migrar.
Esta Europa nos avergüenza, es una Europa fortaleza que levanta muros y vallas para separarnos, una Europa que expolia, se abastece y expropia las riquezas del sur pero que impide el paso de todas aquellas personas a las que ha dejado sin recursos. Una Europa hipócrita que externaliza sus fronteras financiando a terceros para que custodien sus muros.
Por todo ello:
- Denunciamos las políticas de muerte que han convertido el Mediterráneo y el Atlántico en la mayor fosa común del mundo.
- Denunciamos la construcción de un vallado de 10 metros en las fronteras de Ceuta y Melilla, que impide cualquier intento de entrada por tierra y obliga a tomar otras rutas más peligrosas como la de Canarias.
- Denunciamos las políticas de externalización de fronteras que nos hace cómplices y financiadores del maltrato que ejercen contra las personas migrantes los países terceros como Marruecos.
- Denunciamos las devoluciones en caliente y las devoluciones exprés, prácticas inhumanas que atentan contra la dignidad de las personas.
- Denunciamos en concreto que en los últimos meses se retomaran los vuelos de deportación en aviones comerciales hacia Marruecos, Mauritania y Senegal, prácticas que atentan contra los derechos reconocidos en nuestra legislación.
- Denunciamos el discurso del odio contra personas migrantes que alimenta el racismo y la xenofobia y fomenta el rechazo en lugar de la acogida en nuestra sociedad.
- Denunciamos la falta de atención humanitaria y recursos de acogida, que tiene como consecuencia el aumento de muertes en el mar, las condiciones infrahumanas a las que se enfrentan a su llegada, la escasez de servicios de asistencia letrada y traducción, así como el hacinamiento en los centros de recepción.
- Denunciamos la actual ley de extranjería que justifica los reconocimientos por perfil racial, los CIES y pone trabas a las gestiones administrativas que permiten la regularización.
Frente a estas políticas de muerte, exigimos:
- Que se haga un proceso de reparación y memoria que rinda justicia a las víctimas de las fronteras.
- Que se respete la dignidad de todas las personas, migrantes o refugiados.
- Que cesen las devoluciones en caliente y las deportaciones.
- Que se creen vías legales y seguras por las que se pueda ejercer el derecho a la libre circulación.
- Que se cree una de extranjería que promueva y garantice los derechos de las personas migrantes, que no exija un trabajo para conceder un permiso de residencia.
- Que se promueva una política de expedición de visados seguros en el marco de una reforma estructural de la ley de extranjería, para que esta promocione las migraciones y no luche contra ellas.
- Que la acogida y la hospitalidad sienten las bases para unas relaciones de igualdad.
Queremos una Europa abierta a la pluralidad donde se inviertan recursos en acoger y regularizar en lugar de en controlar, detener y expulsar. Hasta que esto se cumpla, seguiremos luchando. Frente a sus políticas de muerte: hacemos memoria, defendemos la vida y exigimos derechos».
