El partido de ultraderecha Vox lo propuso durante la campaña de las elecciones generales. A las puertas del antiguo centro penitenciario de los Rosales, los candidatos a Congreso y Senado anunciaban que, mientras no se pueda expulsar menores, la solución, según ellos, pasaba por encerrarlos. En diciembre la formación también había propuesto lo mismo.
Ahora pretenden llevar esta propuesta al próximo Pleno de la Asamblea. Según Vox, en Ceuta hay unos 500 menores migrantes sin acompañamiento familiar y creen que las instalaciones del Centro de la Esperanza «no fueron diseñadas para el uso que actualmente se está dando», por lo que «provoca fugas diarias». Afirman que los jóvenes que están en situación de calle «no están registrados» -la gran mayoría sí que lo están según fuentes de la Policía Nacional– y aluden a la seguridad de los mismos para encerrarlos en el centro penitenciario, eso sí, acondicionado para el caso. También afirman que estos menores son los culpables de «la inseguridad» que, sin datos, afirman que hay en algunas zonas.
La propuesta de confinar a menores que están bajo el sistema de tutela de la Ciudad es la segunda opción que propone el partido de ultraderecha para los jóvenes que quieren migrar. Vox considera «necesario exigir a Marruecos el cumplimiento de los Tratados en relación a la devolución de sus nacionales menores o adultos que hayan inmigrado de forma ilegal hasta España». La portavoz de Migraciones del PP en el Senado, Sofía Salcedo, también pidió que se aplicara el acuerdo del 2007 con Marruecos para expulsar a menores a Marruecos.
Respecto a los adultos, los acuerdos se están aplicando continuamente, con repatriaciones diarias de ciudadanos del reino alauita desde Ceuta. La devolución de menores precisa de pruebas muy concretas que el menor se encontrará protegido en su país de origen. La Ley de Protección del Menor garantiza que mientras dichas pruebas no existan, el Estado tiene el deber de cobijar al menor. Aunque algunos partidos afirmen que los menores migrantes estarían mejor en Marruecos, sin pruebas que lo que corroboren, las expulsiones vulnerarían tratados internacionales sobre los derechos de la infancia.